Mis sexenios (80)
José Guadalupe Robledo Guerrero.
La segunda etapa
del sexenio enriquista
Luego de la elecciones federales, en la ruta crítica para la preparación de la madre de todas las elecciones, la de gobernador, el secretario de Gobierno, Raúl Sifuentes Guerrero, se quedó gobernando a Coahuila, mientras el gobernador Enrique Martínez andaba ocupado en conseguir la candidatura presidencial del PRI.
Con un gobernador metido de lleno en la política nacional, el número dos en su estado se vuelve un factor importante en la política estatal. Por eso en la sucesión doméstica Raúl Sifuentes sería un elemento relevante.
Era claro que Raúl también traía su juego en la sucesión gubernamental. Sin embargo, los candados del PRI son pesados y difícilmente sería aspirante, sin embargo sería un aliado formidable para cualquiera de los precandidatos. A eso juega Raúl Sifuentes y ahí está su fortaleza.
Lo que no se entendía era que Raúl Sifuentes era un funcionario odiado y repudiado por muchos coahuilenses a los que había dañado con sus intrigas palaciegas y sus trabajos sucios.
Durante el sexenio enriquista, a Raúl Sifuentes Guerrero le tocó ser el personaje que en cada gobierno realiza los trabajos sucios. Por eso Raúl integra la lista con Rodrigo Sarmiento Valtier, Raúl Garza Serna y Óscar Olaf Cantú.
Ante esta situación, los voceros de Raúl Sifuentes, trataban de amedrentar a los críticos del secretario de Gobierno, para que se disciplinarán a su poder. “La Coneja” Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y Humberto Moreira Valdéz fueron los precandidatos que padecieron las intrigas palaciegas y golpes bajos de Raúl, y a los periodistas también trató de perjudicar inventando la iniciativa de Ley de Datos Personales, que envío al Congreso para que fuera aprobada.
Está Ley, con el pretexto de proteger la intimidad y la vida privada, principalmente de los funcionarios públicos, pretendía convertir a los periodistas y reporteros en delatores de sus fuentes y en denunciantes de delitos; y de paso, acotar el trabajo profesional de camarógrafos, fotógrafos y caricaturistas con el objetivo de cuidar la “imagen” física, no moral, de los funcionarios.
La crítica a esta iniciativa gubernamental movilizó a un ejército de funcionarios menores para señalar que se había malinterpretado y desinforma- do su contenido. Hubo incluso un diputado panista que lamentó “la poca civilidad” de quien había filtrado la iniciativa a la prensa.
También hubo declaraciones de las más altas autoridades del estado que insistieron en que no había dolo en el objetivo del mamotreto, y lo más risible: que tal Ley era para proteger a los periodistas.
Sin embargo, ninguna de estas “explicaciones” tenían fundamento. El dolo (con premedi- tación, alevosía y ventaja) estaba claro en el texto “filtrado”. De tal manera que en el transcurso de los días y de las críticas, la iniciativa gubernamental se convirtió de “borrador” y “documento de trabajo” a anteproyecto de consulta.
De todos modos, iniciativa gubernamental, borrador, documento de trabajo, anteproyecto de consulta o como se le quiera llamar tenía un solo remitente: Raúl Sifuentes Guerrero, quien tenía muchas razones (presentes y pasadas) para querer protegerse de las críticas de los periodistas que no se habían sometido a él.
Aun cuando algunos artículos de la iniciativa gubernamental iban dirigidos a pejudicar el trabajo de todo el gremio periodístico, sólo unos cuantos periodistas y medios de comunicación respondieron a la emboscada sifuentista, entre ellos los periódicos El Siglo de Torreón, Palabra y Gente; además de algunos periodistas y conductores de radio en Saltillo, y por supuesto El Periódico de Saltillo.
La iniciativa de la Ley de Datos Personales que Raúl Sifuentes envió al Congreso Estatal con la anuencia del gobernador Enrique Martínez para su aprobación, pretendía amordazar a los periodistas coahuilenses, y de paso comprobó lo que algún día alguien me dijera: “Raúl nunca usa el cerebro, es un político de descontón”.
Aún así, antes de echarle abajo su iniciativa de Ley, Raúl Sifuentes salió a responder la crítica diciendo algo que ni él creía: “La Ley de Datos Personales no pretende coartar la libertad de expresión, sino fortalecerla”. Pero de nada sirvió, la demagogia fue vencida por la inteligencia.
En Torreón y San Pedro de las Colonias el gobierno enriquista tenía mala imagen, según esto: 1).- Porque se había marginado a los grupos políti- cos laguneros, y 2).- Por los favoritismos en la obra pública que se le da a algunos constructores.
De ambas cosas se acusaba al secretario de Gobierno, Raúl Sifuentes, de ser el autor intelectual de tales agresiones. En el primer caso por revanchismo político en contra de sus malquerientes; y en el otro, por sus negocios particulares.
Sobre los negocios, en Torreón se decía y se había escrito, que las empresas Acolsa y Alfa eran las dos constructoras consentidas del gobierno estatal, mejor dicho de Raúl Sifuentes.
Acolsa era propiedad de los hermanos Edgar y Salvador Acosta Olvera (supuestos socios de Hassam y José Manzur, que a su vez eran socios de Raúl Sifuentes en Paredón Stone), quienes han sido beneficiados con las grandes obras públicas en la región. El Distribuidor Vial Revolución fue una de las obras adjudicadas a la constructora Acolsa.
Según los inconformes, la adjudicación de la obra se había hecho en forma irregular y amañada, pues las constructoras favorecidas, en las bases de los concursos consideran costos muy bajos en algunos conceptos, que cuando se adjudica la obra son eliminados, y hacen ampliaciones de contrato con otros conceptos. Los constructores consentidos de Raúl Sifuentes contaban con inforemación privilegiada que les permitía conocer de antemano los costos reales de las obras.
El otro gran beneficiado y consentido de Raúl Sifuentes, era el dueño de la constructora Alfa, que a la vez es concesionario de TV Azteca, Alberto Alegre Familiar, a quien se le adjudicó la obra de terracería y pavimentación de la parte baja del Distribuidor Vial Revolución, aún cuando había quedado en cuarto lugar en el concurso de licitación.
Por cierto, por aquella época, se dijo que se había presentado un problema en uno de los carriles elevados del Distribuidor Vial Revolución, donde al parecer sufrió un desplome de cerca de 15 centímetros, que se pretendía corregir con ayuda de gatos hidráulicos. Este Distribuidor fue echado abajo en el gobierno de Humberto Moreira.
Por aquel entonces (septiembre de 2003), mi amigo Jaime Martínez Veloz, entonces diputado federal de la LVIII legislatura, en un acto de moral republicana, devolvió su bono de 198 mil pesos que le dieron a todos los legisladores, porque “no lo merecía”, a pesar de que Martíenez Veloz fue uno de los pocos diputados que trabajaron para beneficio de sus representados, impulsando leyes en favor de los grupos mayoritarios, como son la juventud y los adultos mayores.
Martínez Veloz no es un político rico, si lo fuera su acción no hubiera tenido relevancia. Aun con este ejemplo, los diputados coahuilenses de extracción empresarial y de riqueza familiar, no sintieron verguenza cuando se embolsaron el bono que realmente no merecían.
Estas son las pequeñas acciones de conducta moral a la que se refiere la siguiente frase cuando señala: “Por sus actos los conoceréis”.
Todavía no terminaban de echarle tierra al escándalo de los jerarcas católicos pederastas que habían abusado sexualmente de decenas de niños en varias partes del mundo, cuando salió a relucir una acusación más contra otro “dignatario” eclesiástico: el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, a quien el ex Procurador General de la República, Jorge Carpizo, lo denunció como lavador de dinero del narcotráfico.
Ante esto, el resto de los “dignatarios” cató- licos (obispos, arzobispos y cardenales) acostum- brados al cinismo y a la impunidad pusieron el grito en el cielo, señalando que su compinche era perseguido por el ¡gobierno de Fox!, solo porque la PGR había recibido -como es su obligación- la denuncia judicial, para abrir las averiguaciones de ley.
Cuando Juan Sandoval Iñiguez estuvo en Ciudad Juárez recibió -y según Carpizo seguía recibiendo- las generosas dádivas o “limosnas” de sus protegidos, los narcotraficantes, pero también se dedicaba, de acuerdo a la denuncia, al negocio de lavar dinero proveniente del tráfico de estupefacientes.
De todos modos, al igual que las denuncias contra los sacerdotes pederastas, el caso de lavado de dinero del narcotráfico por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez sería archivado. Pero lo más chistoso fue que cuando Sandoval Iñiguez decidió hacerse el perseguido político, acuñó una frase de antología del cinismo verbal: “De cuando en cuando el Señor permite que haya persecusiones, para que no olvidemos que somos discípulos de un crucificado”. ¡Qué poca madre!
Lo mismo sucedió con el ex priista y ahora ex perredista y militante de Morena, Ricardo Monreal (en ese entonces gobernador de Zacatecas por el PRD). Para defender a los jerarcas católicos pederastas declaró: “La iglesia (jerarcas católicos) nunca en su historia ha tenido que ver con el narcotráfico. Quizás algunos de sus miembros (fieles) estén ligados a eso, pero no más”. Qué poco sabe de su iglesia el simulador de Ricardo Monreal.
Lo dicho: entre gente de negocios los parentescos no sirven, pues el dinero divide a los hermanos y los enfrenta. Ese fue el caso con que nos ilustraron los hermanos Verduzco Rosán (Sergio y Virgilio) que anduvieron de la greña por un fraude de miserables 150 millones de pesos, que según una denuncia hecha por Sergio contra su hermano Virgilio, en donde también se involucró a la esposa del acusado, lo acusaba de defraudador en una de sus empresas donde eran socios: La compañía Alpes del Sur.
Pero a pesar del gran escándalo, de pronto vino el silencio. Los empresarios decidieron que quedara como un pleito familiar. Los verduzco Rosán (Sergio y Virgilio) son los que en cada sexenio se apoderan de las obras públicas y de los desarrollos habitacionales, con el apoyo de los titulares de la instituciones a cambio de un sustancial “moche”. Su principal empresa es la constructora SERVER.
Alguna vez, durante el sexenio montemayo- rista, un hijo de Virgilio fue secuestrado. En esa ocasión se rumoró que el motivo del secuestro había sido que los Verduzco no habían devuelto una cantidad que un lavador de dinero les había dado para que lo dejaran concursar con su constructora en las obras públicas y en la construcción de casas-habitación. Pero también el asunto fue manejado familiarmente.
A pocos días del Cuarto Informe de Gobierno de Enrique Martínez, la situación política de Coahuila no era la mejor, estaba desarticulada y se tenía la percepción que desde el gabinete de gobierno se estaban alentando conflictos que atentaban en contra de la administración gubernamental. La conclusión generalizada era que no había control político en el Estado.
De repente las circunstancias políticas del entonces alcalde Humberto Moreira, cambiaron: Dejó de ser el político mimado del sexenio, para convertirse en el blanco de las filtraciones emanadas del Palacio de Gobierno.
Multiples razones se arguyeron para justificar o explicar este cambio. Se dijo que las penurias de Humberto Moreira provenían de su acelere en pos de la gubernatura, de su protagonismo y de su importancia política. También se acusó a Humberto de tener más popularidad que el gobernador Enrique Martínez, además de sus traiciones y desacatos, de sus inexperiencias y errores, de su incompetencia y falta de asesoría.
Esto y mucho más le encontraron a Hum- berto Moreira sus malquerientes. Las “filtraciones” gubernamentales, las acusaciones veladas, las críticas abiertas, los errores del presente y del pasado, y todo lo que se había dicho nada tenía que ver con el verdadero motivo de la embestida contra Moreira.
“La Estructura” era el origen de la disputa y el valor político que tenía Humberto Moreira, para que su enemigo Raúl Sifuentes (con o sin la anuencia del gobernador) se ocupara de él. “La Estructura” es una organización con fines electorales principalmente, que Humberto había construido durante los últimos años, desde que fue director de INEA hasta ese momento.
“La Estructura”, una mezcla de jacobinismo, populismo socializante, proyecto político y chambismo, tuvo en las elecciones gubernamen-tales de 1999 la consigna de apoyar al amigo (Enrique Martínez), y la que -según se dijo- por encima del gobernador Rogelio Montemayor y del PRI, fue básica para el triunfo electoral de Enrique Martínez, como también fue esencial la ausencia de “La Estructura” para que perdiera en Saltillo Óscar Pimentel.
“La Estructura” cuyo líder nato era Humberto, tenía una vital importancia para todos los aspirantes gubernamentales del PRI, y por lo tanto para el propio gobierno priista de Coahuila. Sin embargo, por alguna razón desconocida, el secretario de Gobierno Raúl Sifuentes Guerrero, la quería destruir deteriodando la imagen pública del alcalde saltillense, Humberto Moreira.
Lo cierto es que “La Estructura” también tenía la animadversión del PAN, mejor dicho el PAN era enemigo ideológico de Humberto Moreira, a quien se oponían todos los aspirantes del PRI y del PAN, pues tenían la convicción de que los desplazaría del poder, y creían que si Humberto no conseguía la candidatura guberna- mental del PRI, se lanzaría por el PRD u otro partido de oposición a su partido. Así lo había filtrado el propio Humberto, porque estaba seguro que de todos modos ganaría.
A pesar del “fuego amigo” Humberto no respondió a las filtraciones gubernamentales en su contra. Esperaba el momento propicio para contestar, pues hasta ese momento “La Estructura” había sido un vehículo electoral, pero podía convertise en un tanque de guerra, si lo decidía su líder: Humberto Moreira.
Continuará segunda etapa
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